La prohibición impulsada por la Secretaria de Comercio para que los supermercados no publiciten en los medios de comunicación los precios de los productos fue cuestionada por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) que la calificó dentro de las "variantes de la censura" que busca el "ahogo financiero" de la prensa a la par de el "manejo discriminatorio de la pauta oficial".
Las ofertas de los supermercados que se veían los fines de semana desaparecerán.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Las críticas a la idea de no publicitar los precios en los medios de comunicación de la Capital Federal que impulsó la Secretaria de Comercio Interior de Guillermo Moreno, no solo generó rechazo entre los economistas, entidades ligadas a la defensa de los consumidores y sectores afines sino que también se sumó la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) que consideró que la medida conduce “a un ahogo económico de los medios independientes" y es una de las “variantes de la censura”.
"Prohibir anuncios privados o amedrentar a las empresas que desean pautarlos son variantes de la censura", advirtió Adepa este 07/02 a la noche y recordó que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que el Estado no puede asignar de manera arbitraria su pauta publicitaria. Tampoco puede, a través de sus funcionarios, bloquear la pauta privada".
Asimismo, la entidad agregó en un documento titulado "Presencia y ausencia de pautas", que "la gravedad de este tipo de medidas, solicita a las autoridades que se abstengan de impulsarlas y se compromete a plantear el tema en foros internacionales, en defensa de la plena vigencia de la libertad de expresión en el país".
"En las últimas horas, buena parte de las mayores cadenas de supermercados y electrodomésticos de nuestro país suspendieron los avisos que tenían pautados para el próximo fin de semana en diarios de la ciudad de Buenos Aires. Casos similares se han registrado en ciudades del interior", detalló la entidad que prosigue así su pronunciamiento:
“Directivos de esas empresas manifestaron que la decisión derivaba de exigencias del secretario de Comercio Interior de la Nación y se relacionaba con las recientes disposiciones sobre congelamiento de precios. Lucila Colombo, subsecretaria de Defensa del Consumidor, negó la existencia de exigencias oficiales vinculadas a la publicidad, pero manifestó que, en el nuevo contexto, sería razonable que desaparecieran los avisos del sector afectado por la prohibición de aumentar precios”.
“Por otro lado, la Auditoría General de la Nación dio a conocer ayer un informe sobre el uso de los 2.320 millones de pesos destinados a la pauta oficial entre 2007 y 2010. El informe apunta que, en 2009, el 59% de la inversión publicitaria del Estado nacional se concentró en cinco medios dentro de un universo de 365 y que la distribución no tuvo relación con los niveles de audiencia de estos. En ese año, por ejemplo, un medio con una tirada que representa la décima parte de la de uno de sus competidores recibió más del doble de pauta oficial”.
“Presionar a los anunciantes para que retiren avisos de medios y utilizar recursos públicos para premiar o castigar a empresas periodísticas por su línea editorial configuran graves ataques a la libertad de expresión. Por un lado, estas acciones vulneran la sustentabilidad económica de todo medio que pretenda desarrollar su tarea periodística con independencia; por otro, constituyen el combustible para el funcionamiento de medios acríticos respecto del poder o dedicados a desprestigiar al periodismo no adicto. Impedir que los supermercados y empresas de electrodomésticos publiciten sus productos afecta los derechos del consumidor al cercenarles la posibilidad de obtener información sobre productos y precios que le permita tomar decisiones de consumo”.
“Prohibir anuncios privados o amedrentar a las empresas que desean pautarlos son variantes de la censura. La obstrucción indirecta a través de la publicidad estatal, según lo señaló la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, actúa como un fuerte disuasivo de la libertad de prensa. Y la combinación de ambas acciones –manejo discriminatorio de la pauta oficial y presiones sobre los anunciantes privados– conduce a un ahogo económico de los medios independientes”.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que el Estado no puede asignar de manera arbitraria su pauta publicitaria. Tampoco puede, a través de sus funcionarios, bloquear la pauta privada”.
“La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) resalta la gravedad de este tipo de medidas, solicita a las autoridades que se abstengan de impulsarlas y se compromete a plantear el tema en foros internacionales, en defensa de la plena vigencia de la libertad de expresión en el país”.
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