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Rafael Correa barre con la libertad de prensa

 
 
Urgente24.com  |15/06/2013 Compartir Urgente24 twitter facebook rss urgente24.com google plus
 
 
 
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Rafael Correa barre con la libertad de prensa

Asociaciones de periodistas y de medios de prensa de Ecuador, así como organismos de derechos humanos, coincidieron en calificar como un grave retroceso para América latina en materia de libertad de expresión la nueva Ley de Comunicación que impulsó Rafael Correa. Aprobada por mayoría absoluta por la Asamblea Nacional de Ecuador (Correa tiene esa posibilidad) ha despertado un solidario cuestionamiento de parte de la oposición ecuatoriana, la Unión Nacional de Periodistas de Ecuador y la ONG Fundamedios, y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York. "Es el último paso en el deterioro de la libertad de prensa en Ecuador registrado durante la presidencia de Rafael Correa", afirmó en un comunicado el coordinador para las Américas del CPJ, Carlos Lauría.

Cristina Fernández de Kirchner en confidencia con Rafael Correa.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que la nueva Ley de Comunicación impulsará "una buena prensa" en el país.  
 
"Después de cuatro años de bloqueo, el país cuenta con una nueva y muy  buena ley de comunicación", señaló el mandatario durante su informe semanal de labores, refiriéndose a la norma cuyo debate inició en 2009 y que fue aprobada el viernes por una amplia mayoría oficialista en el Congreso. 
 
El mandatario aseguró que la normativa apuntará a que "haya buena prensa, verdadera libertad de expresión" en Ecuador y acusó a los medios de  comunicación privados de "querer convertir la información en una mercancía". 
 
La legislación establece una nueva repartición de frecuencias, licencias de radio y televisión, concediendo 34% para los medios comunitarios, 33% para el sector público y 33% para los privados con fines de lucro. 
 
El sector privado controla actualmente el 85,5% de las frecuencias radiales y  un 71% de las televisivas, según la Superintendencia de Telecomunicaciones. 
 
Asimismo, la ley incluye la creación de un consejo regulador que restringirá la difusión de contenidos violentos, explícitamente sexuales o  discriminatorios. El ente tiene potestad para sancionar con multas a las empresas que se  nieguen a rectificar informaciones bajo el principio de responsabilidad  ulterior y además prohíbe lo que denomina el "linchamiento mediático", definido como "intentos  reiterados de destruir a una persona natural o jurídica con el fin de reducir  su credibilidad pública". 
 
Sin embargo, los diarios ecuatorianos dedicaron sus portadas del sábado 15/06 a cuestionar la  norma, que calificaron de "mordaza" por "limitar no solo el ejercicio  periodístico sino la libertad de opinión de todos los ecuatorianos", según el diario El Comercio; y de "restringir el ejercicio del derecho a expresarse", indicó El  Universo de Guayaquil.
 
La ONG Human Rights Watch calificó a la legislación como un "asalto a la libertad  de expresión"; y su director para Américas, José Miguel Vivanco, afirmó que su aprobación "supone otro esfuerzo del  presidente Correa para atacar a los medios independientes". 
 
Por su parte, el oficialismo político festejó su aprobación, por considerar que  fomenta la "democratización de la palabra" y un golpe al "monopolio de los medios privados", según el diputado ponente de la iniciativa, Mauro Andino.
 
Además, la nueva legislación dispone que 60% de los contenidos televisivos deben ser  producciones hechas en Ecuador, al igual que el 50% de la música que difunden  las radios. También prohíbe los anuncios publicitarios realizados en otros países. 
 
La nueva normativa establece la regulación de los contenidos editoriales y otorga a las autoridades la capacidad de imponer sanciones arbitrarias y censurar a la prensa, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
 
“Las disposiciones restrictivas y el lenguaje ambiguo contradicen garantías constitucionales y normas internacionales sobre libertad de expresión”, añadió su titular, Carlos Lauría, quien denunció que amenaza el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre “temas delicados”.
 
Aun con más dureza se pronunció el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el uruguayo Claudio Paolillo.
 
Con la aprobación de esta ley “liberticida” se produce uno de los “retrocesos más graves en materia de libertad de expresión de la historia reciente de América Latina”, opinó.
 
Paolillo, como la mayoría de los contrarios a la ley, manifestó su preocupación por dos aspectos, la tipificación como delito del “linchamiento mediático” y la creación de un Consejo de Regulación de Medios.
 
El “linchamiento mediático” se produce, según la nueva norma, por medio de la publicación reiterada de informaciones con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad pública de personas físicas o jurídicas.
 
No es otra cosa que el “establecimiento de un sistema de censura previa” que convierte al mandatario ecuatoriano en el “Gran Hermano” y “Gran Editor” de la nación, subrayó Paolillo.
 
Se refirió también al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, un organismo oficial que “sólo tiene representantes de los poderes públicos”, que establece el reglamento que “contienen las sanciones” y “viola todos los instrumentos internacionales de derechos humanos”, según el directivo de la SIP.
 
Además, esta ley faculta al Estado a “imponer contenidos a los medios de comunicación”, lo que entraña otra violación de la libertad de expresión, apuntó el también director del semanario uruguayo Búsqueda.
 
En definitiva, la nueva Ley ecuatoriana se trata de un “conjunto de normas todas contrarias a la libertad de prensa y expresión” que determinan un “retroceso histórico no solo para Ecuador sino para toda América Latina, el más grave de la historia reciente” de la región, concluyó Paolillo.
 
Por su parte, el periodista ecuatoriano Emilio Palacio, exiliado en Miami, calificó de mera “formalidad” la aprobación de la ley, ya que, según dijo, su propósito, “acallar las opiniones disidentes”, ya se había consumado.
 
La ley logró una mayoría absoluta en las 7 votaciones en la Asamblea, en la que el oficialista Alianza País (AP) cuenta con 100 de los 137 legisladores. 
 
Por eso Urgente24 considera que hay formas de autoritarismo democrático o de democracia autoritaria. En verdad, todas las formas de mayoría absoluta resultan en extremo complicadas para un sistema cuya ventaja es el disenso.
 
"De hoy en adelante, la palabra ya es de todos", dijo Andino, quien entregó el jueves el texto final con las últimas observaciones a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, también de AP.
 
Según Andino, quien calificó este día como "histórico", la ley garantiza el derecho a la libertad de expresión y opinión y prohíbe la censura previa. 
 
Entre las novedades está la figura del "linchamiento mediático", un delito que se produce por medio de la publicación reiterada de informaciones con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad pública de personas físicas o jurídicas.
 
Para el opositor Pedro Paéz, que la califica como una "ley mordaza", tanto la figura del linchamiento como la Superintendencia pueden "neutralizar" la acción de la prensa. Recordó que varios casos de corrupción se han hecho públicos "gracias a la prensa".
 
Otro órgano creado por la nueva ley es el Consejo de Regulación de Medios, que tendrá atribuciones en ámbitos como el acceso a la información, contenidos y franjas horarias, elaboración de reglamentos y de informes para la adjudicación de frecuencias, entre otras competencias.
 
"Nunca más al monopolio, a la concentración de los medios de comunicación en pocas manos", señaló Andino, que agregó que la ley pretende una distribución "equitativa" del espectro radioeléctrico.
 
"Reversión de frecuencias mal habidas, pues esperemos que eso alcance también a los aliados del régimen, estaremos vigilantes", escribió Páez al respecto en su cuenta de la red social.
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