La veintena de inspectores de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas [en inglés OPCW], encargados de acabar con todo el arsenal químico del régimen de Bashar Asad de aquí a junio de 2014, ha comenzado a destruir este tipo de armas en suelo sirio, asegura una fuente de la misión. Según esta fuente, los miembros de la misión conjunta de dicha organización con Naciones Unidas "se encuentran en un sitio en donde ya ha comenzado las tareas de verificación y destrucción de armas". Ya el jueves 03/10, la ONU confirmaba que este equipo de expertos en armas químicas había hecho "progresos iniciales alentadores". El parque de sustancias químicas con el que cuenta el régimen consta presumiblemente de al menos 1. 000 toneladas de gas sarín, vapor mostaza y otros agentes prohibidos por la Convención sobre Armas Químicas de 1997. Estos elementos tóxicos están distribuidos como mínimo en 45 depósitos distintos del país, lo cual dificulta enormemente el cometido de los verificadores de la OPCW dado el mapa de guerra actual y su acceso a las regiones en conflicto.
Los inspectores llegaron el pasado martes 01/10 a Damasco, en aplicación de un plan acordado por la comunidad internacional y ratificado por la ONU, tras el acuerdo alcanzado «in extremis» por Estados Unidos y Rusia para evitar una intervención militar. La Convención para la Destrucción de Armas Químicas establece que sus estados parte (Siria se adherirá el 14/10) son responsables de la seguridad de los investigadores de la OPAQ, así como de los costes de la destrucción del armamento.
El equipo de expertos internacionales que se encuentra en Siria ha comenzado hoy a «destruir» parte del arsenal químico del régimen de Bachar al Asad, dijo un responsable de la misión conjunta de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) y de Naciones Unidas (ONU).
La fuente, que pidió el anonimato, señaló que durante el día de hoy los investigadores tienen programado «destruir parte de las armas almacenadas y de los equipos para su producción».
Esta es la primera jornada en que los inspectores se dedican a esta tarea, según la fuente, que no quiso precisar el lugar exacto en el que están trabajando por «motivos de seguridad».
Durante los primeros días de su misión, el equipo técnico ha trabajado en verificar la información proporcionada por el Gobierno sirio, la seguridad de los equipos de inspección y la disposición para implantar el plan que establece la destrucción del arsenal químico durante la primera mitad de 2014.
Los inspectores llegaron el pasado martes 01/10 a Damasco, en aplicación de un plan acordado por la comunidad internacional y ratificado por la ONU, tras el acuerdo alcanzado «in extremis» por Estados Unidos y Rusia para evitar una intervención militar.
La Convención para la Destrucción de Armas Químicas establece que sus estados parte (Siria se adherirá el 14/10) son responsables de la seguridad de los investigadores de la OPAQ, así como de los costes de la destrucción del armamento.
La medida se produce tras una votación donde todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU votaron a favor de acabar con las armas químicas sirias, y que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, calificó de «histórica», además de pedir el fin de la violencia en el país. Ban, que hizo mención a la «grave crisis humanitaria» en Siria, llamó a las autoridades de Damasco y a la oposición rebelde para que se sienten a negociar en una conferencia internacional de paz en Ginebra.
Estados Unidos, con el apoyo de Francia y Reino Unido, proponía un texto que invoque al Capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, que abriría la puerta a sanciones o incluso el uso de la fuerza, a lo que se oponía Rusia, tradicional aliado del régimen de Damasco. Al final se ha optado por hacer mención a ese Capítulo 7 pero sujeto a la aprobación de una segunda resolución, pero se establece que habrá «consecuencias» si el régimen sirio no cumple sus compromisos internacionales. «En caso del incumplimiento se impondrán medidas bajo el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas», que regula la imposición de sanciones e incluso el uso de la fuerza autorizado por Naciones Unidas, según el borrador.
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