|27/11/2013 Compartir Urgente24       Alerta | LATINOAMÉRICA Opine | Enviar a un amigo Ir a Urgente24 Maduro ya puso a un militar al frente de Daka El coronel Hermes Josue Carreño, director del Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, será el encargado de gestionar por tiempo indeterminado todas las decisiones que se tomen en la cadena de electrodomésticos Daka. De esa manera es como Nicolás Maduro sigue adelante en su "guerra económica" contra la inflación. Como si las balas marcaran el paso de los mercados... Nicolás Maduro puso a un coronel al frente de una cadena de electrodomésticos CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) - Después de las intervenciones improvisadas ordenadas por Nicolás Maduro a comercios acusados de usura y especulación y la consecuente locura consumista desatada entre los venezolanos, el gobierno bolivariano oficializó la ocupación de una de las mayores cadenas de electrodomésticos del país, Daka, que quedará bajo el mando de un militar.   La resolución 125 publicada ayer en la Gaceta Oficial establece la medida preventiva de ocupación y operatividad temporal a las cinco sucursales que Daka tiene en Venezuela (dos en Caracas y tres en el interior). El texto también designó al coronel Hermes Josue Carreño, director del Servicio Desconcentrado de Bienes y Servicio de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la administración de la cadena mientras dure la medida y el nombramiento de los funcionarios que integrarán la junta administradora.   El jefe del Órgano Superior para la Defensa de la Economía, Hebert García Plaza, informó desde la sucursal de Daka en Boleíta que se reunirán con el grupo gerencial de la tienda de electrodomésticos para que "en menos de 48 horas comience el proceso de reposición de inventario, pero con la ocupación temporal para garantizar que la rectificación verdaderamente de precios se materialice en las tiendas a escala nacional".   García Plaza aseguró, según reporta la Agencia Venezolana de Noticias, que protegerán a los trabajadores de la red de electrodomésticos, a quienes les garantizan la seguridad social.   En ese sentido, agregó que la intención del gobierno es que los empresarios sigan cumpliendo sus funciones, pero con una estructura "de precios justos y con ganancias justas" e Informó que trabajan en una ley de arrendamiento de los locales en los centros comerciales, que forma parte del conjunto de leyes que aprobarán mediante la Ley Habilitante, que consiguió Maduro la semana pasada en el Congreso, y que le permite gobernar por decreto.   El pasado 8 de noviembre, el presidente Nicolás Maduro ordenó la intervención de Daka, acusada de elevar hasta en 1000% los precios de los electrodomésticos y obligada a reducirlos. Otros comercios de electrodomésticos, textil, zapatos, repuestos de autos y otros rubros, principalmente en centros comerciales, han sido inspeccionados por las autoridades, que han aplicado reducciones de precios en algunos casos de hasta 70%.   Esto ha provocado que multitudes de venezolanos, en plena temporada prenavideña y tras cobrar sus bonos anuales, se agolpen masivamente en centros comerciales.   La oposición y empresarios han criticado estas inspecciones por considerar que tienen fines electorales en la antesala de los comicios municipales que se realizan el 8 de diciembre, considerados un plebiscito de la gestión de Maduro.   El presidente sostiene, por su parte, que estas acciones son parte de su estrategia para "derrotar" una supuesta "guerra económica" de empresarios ligados a la oposición de Venezuela, país golpeado por una severa crisis económica con una inflación anualizada de 54%.   Los comerciantes atribuyen las alzas de precios al férreo control cambiario, que restringe la venta de dólares al precio oficial de 6,30 bolívares mientras que en el mercado negro el billete verde supera en más de ocho veces es tasa.   La ocupación   La cadena de electrodomésticos Daka, donde comenzó la ofensiva económica del presidente Nicolás Maduro para combatir la inflación, ha sido ocupada temporalmente por el Gobierno a través del Indepabis, el órgano estatal para la defensa del consumidor. Son cinco sucursales ubicadas en puntos clave del país que, en lo sucesivo y por tiempo indeterminado, serán administradas por un militar.   A medida que se profundiza la confiscación y remate de mercancías de todos los bienes que oferta la empresa privada también han bajado significativamente las existencias. El viernes pasado, en una de las sucursales de Daka, ya no quedaban televisores, lavadoras y neveras y los encargados de manejar la tienda desconocían cuándo serían repuestos. A esa escasez se añade la preocupación del Gobierno por no provocar con sus decisiones el cierre de un negocio de capital privado, mucho menos antes de las cruciales elecciones municipales que se celebrarán el próximo 8 de diciembre, que serán una prueba para medir la fortaleza del liderazgo de Maduro. Dos datos ilustran esta inquietud no reconocida. En los últimos trece años han cerrado 107.000 empresas en Venezuela. Y el número de industrias ha caído un 36% desde 1998, según cifras del Instituto Nacional de Estadística.   El Gobierno, a pesar de esto, ha conseguido disimular las cifras de desempleo incluyendo a los trabajadores temporales en el cálculo del índice y a aquellos sumados a la burocracia del Estado bajo la figura de las Misiones, los programas sociales fundados con la asesoría castrista desde 2003. En octubre, esa cifra mantuvo su promedio –el índice de desempleo fue de 7,6%- pero no son pocos los analistas que anticipan que ese indicador subirá si se cumple el vaticinio de cierre hecho por los gremios empresariales tras la radicalización de los controles.   En lo sucesivo los empresarios se regirán por la Ley Orgánica para el Control de Costos, Precios y Ganancias y la Protección de la Familia Venezolana, que establece topes a la utilidad máxima que puede obtener un negocio. “Nosotros jamás podríamos pedirle al empresario que venda a pérdida”, ha respondido el vicepresidente Jorge Arreaza para contestar a las críticas que auguran que las decisiones del Gobierno quebrarán al sector privado.   Esa sola posibilidad, no obstante, ha provocado que el Ejecutivo comience a moverse para mantener las tiendas abastecidas. El mayor general Hebert García Plaza, jefe del Órgano Superior para la Economía, aseguró durante una intervención televisada en la estatal Venezolana de Televisión que el viernes la cadena volvería a abrir con suficiente oferta para que los venezolanos puedan adquirir electrodomésticos “a precios justos”.   “Tenemos que garantizar la continuidad laboral y el trabajo de tres cooperativas asociadas con esta empresa. Tengan la seguridad de que va a haber productos. A partir del próximo fin de semana habrá venta para todo el pueblo venezolano”, agregó. También el viceministro del trabajo estaba presente en la tienda Daka y garantizó que los trabajadores cobrarán su salario el último de noviembre y la diferencia del aguinaldo, que no incluía en el cálculo inicial el pago de comisiones sobre el salario. Todo forma parte de un latiguillo que suelen emplear los funcionarios públicos cada vez que expropian una empresa privada: “La estabilidad de los trabajadores está garantizada”.   Todo esto ocurre mientras prosiguen las inspecciones para obligar al comercio a rebajar los precios. Este miércoles, el brazo implacable del Gobierno llegó hasta una conocida tienda de instrumentos musicales en Caracas, llamada La piña musical, donde se presentó el ministro de Cultura, Fidel Barbarito, para denunciar el sobreprecio de los instrumentos y accesorios. “Los hombres de las artes tienen derecho a precios justos en sus herramientas de trabajo”, explicó antes de anunciar una multa al negocio. Más tarde, un grupo de visitantes de la tienda protestó contra la medida. Otros esperaban la rebaja en los precios para gastar su dinero.   Hay un antecedente nada auspicioso para entender la efectividad de las ocupaciones temporales. El 21 de septiembre, el Gobierno se instaló en Manpa, una empresa productora de papel higiénico, con la esperanza de regularizar el suministro de ese insumo. Al cierre de ese mes, en 79 de cada 100 establecimientos comerciales de Caracas no se conseguía ese producto, mientras que en diciembre de 2012, el número de locales desabastecidos se ubicaba en 17, según el índice de escasez publicado por Banco Central de Venezuela. Dos meses después de la decisión cuesta ubicar el producto y, cuando los clientes lo consiguen, se llevan el máximo de empaques permitidos. En Venezuela, la gente comienza a acaparar comida y bienes de cuidado personal previendo que los próximos meses serán complejos y difíciles por los bajos inventarios.   Para que esa sensación de desasosiego se acreciente basta escuchar los partes de los gremios empresariales. “Algo más de 30% cayeron los inventarios de las unidades durante el tercer trimestre de 2013 en comparación con el mismo período del año anterior”, informó el presidente del Consejo Nacional de Comercio (Consecomercio), Mauricio Tancredi, en el marco de un evento que celebraba el Día Nacional del Comercio y los Servicios en Caracas. Mientras los empresarios siguen sacando cuentas para evaluar la viabilidad de su negocio con las nuevas regulaciones, el Gobierno incursiona en nuevos sectores de la economía. Ahora se ha convertido en un importador de electrodomésticos. A cualquier precio quiere evitar que el fin de los inventarios arruine la promesa de los precios justos. 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