La justicia definió el alcance del espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en sus siglas inglesas) estadounidense. Un tribunal federal de apelaciones de Nueva York declaró ilegal el programa de recopilación de llamadas telefónicas de la NSA al considerar que no fue aprobado por el Congreso. Es el mayor revés judicial a la NSA desde que el exanalista Edward Snowden destapase hace casi dos años los largos tentáculos de la Agencia, lo que forzó al Gobierno de Barack Obama a proponer límites al escrutinio ante la indignación de parte de la opinión pública y de varios países aliados que descubrieron que habían sido espiados
Sede de la NSA: Un tribunal federal de Estados Unidos declaró "ilegal" la recogida de datos telefónicos de millones de ciudadanos llevada a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), porque excede lo autorizado por el Congreso en la llamada Ley Patriota (Patriot Act), aprobada tras los atentados terroristas del 11S.
Una corte judicial federal de los Estados Unidos ha emitido una sentencia (PDF) según la cual la recolección de los metadatos de llamadas telefónicas que la NSA lleva realizando desde hace años es ilegal. Las leyes que se aprobaron tras los ataques del 11S no permiten la realización de tales escuchas sin una orden judicial, explica la sentencia.
El caso ha sido puesto en marcha por la American Civil Liberties Union (ACLU) y acusaba en primer lugar a James Clapper -director de Inteligencia Nacional- así como a los máximos responsables de la NSA, el FBI, el Departamento de Justicia y el Departamento de Defensa. Desde que se registró la demanda en enero de 2014, solo Clapper se ha mantenido en el cargo que ostentaba entonces.
Un grupo de tres jueces estuvo de acuerdo en que la Patriot Act no permite este tipo de actuaciones. Dicho acta, que se aprobó en 2001 y en la que se escudaban los responsables de estas agencias de inteligencia y organismos gubernamentales, sigue haciendo necesaria la orden judicial previa a la recolección de los datos que estaba realizando la NSA de forma masiva desde hace años.
La sentencia, eso sí, no obliga al bloqueo del programa, y deja en manos del Congreso de los Estados Unidos la decisión sobre la forma en la que estos programas de la NSA deberían continuar. La inacción judicial, afirman los jueces, es una "intrusión menor" a la privacidad de la que se estaba realizando cuando la demanda se puso en marcha. "A la luz de los intereses de la Seguridad Nacional en juego, consideramos prudente hacer una pausa para permitir que exista una oportunidad para el debate en el Congreso que pueda (o no) alterar profundamente el panorama legal"
Los magistrados no entraron a valorar la constitucionalidad y en el fallo, escrito por el juez Gerard E. Lynch, dictaminaron simplemente que la recopilación de millones de datos telefónicos "excede el ámbito de lo que el Congreso autorizó" al aprobar la mencionada Ley Patriota.
Si el Congreso quiere "autorizar un programa de tan largo alcance y sin precedentes, tiene todas las oportunidades para hacerlo, y de forma inequívoca", sostienen los jueces en el fallo.
En su sentencia, el panel de tres jueces del Segundo Circuito del Tribunal Federal de Apelaciones determina que la Patriot Act —la ley aprobada tras los atentados del 11-S de 2001— que permitía al FBI recopilar datos con fines antiterroristas no se puede interpretar como una autorización a la NSA para un almacenamiento masivo de metadatos (información sobre a quién se llama, dónde y cuánto tiempo) de todas las llamadas telefónicas en EE UU.
Pero la decisión no implicará ningún cambio inmediato. Los magistrados declinaron bloquear el programa alegando que tendría poco sentido hacerlo dado que la sección 215 de la Patriot Act que lo autoriza caduca el próximo 1 de junio y el Congreso está en pleno debate sobre su renovación o modificación. “Consideramos prudente permitir la oportunidad de debate en el Congreso que puede alterar profundamente el paisaje legal”, reza el fallo.
La doctrina judicial no entra en el alcance del espionaje telefónico —los jueces rechazaron abordar si vulnera la Constitución y devolvieron el caso al tribunal anterior que había considerado legal el programa— sino en su indebida autorización. “Si el Congreso escoge autorizar un programa tan sin precedentes y de largo alcance, tiene oportunidad de hacerlo, y de un modo sin ambigüedades”, sostiene la sentencia, lo que parece legitimar tanto a los partidarios de endurecer el espionaje como a los detractores.
“Estoy encantado. Es muy alentador”, valora por teléfono J. Kirk Wiebe, uno de los primeros filtradores de la NSA. Tras jubilarse en 2001, denunció, junto a dos veteranos exanalistas, que la Agencia tenía cada vez más acceso a datos personales, pero lograron poca atención y fueron perseguidos en la justicia.
Wiebe sostiene que el sistema judicial es la única “esperanza” para desmantelar el almacenamiento masivo y limitarlo a personas investigadas. Cree que la sentencia —unida a los fallos discrepantes anteriores— allana el camino para que el debate sobre la constitucionalidad de la NSA llegue al Tribunal Supremo.
El Tribunal Federal de Apelaciones es el de mayor rango que analiza el programa de la NSA, que desde 2006 ha sido aprobado en secreto repetidamente por una corte de seguridad nacional. La sentencia, en respuesta a una demanda impulsada por la Unión Americana de Libertades Civiles tras las revelaciones de Snowden, anula el fallo opuesto de 2013 de otro tribunal de menor rango.
La incógnita es qué impacto tendrá la sentencia en el debate en el Congreso —de mayoría republicana— sobre el espionaje telefónico. La Cámara de Representantes parece cerca de aprobar la semana que viene una ley que haría que el Gobierno deje de recopilar llamadas -lo harían las compañías telefónicas- pero preservaría la capacidad de analizar lazos entre personas con fines antiterroristas. Pero el líder del Senado se opone, como ya sucedió con una propuesta similar en noviembre cuando consideró que limitaba la vigilancia de terroristas.
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