LA PAZ, 15 Mar (NÓMADA NEWS).- El Ministerio de Justicia presentó el lunes ante la Fiscalía General del Estado cuatro proposiciones acusatorias contra la expresidenta Jeanine Áñez y sus ministros: dos por los casos Fundempresa y FMI y los restantes referidos a la vulneración de derechos humanos de los bolivianos residentes en Chile y las restricciones durante la pandemia, informó el titular de esa cartera de Estado, Iván Lima.
“Qué viene después de esta proposición acusatoria, el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa debe comunicarle a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia está decisión tomada por el Ministerio y las víctimas. Pasa ahí el control judicial de nuestra sala penal del Tribunal de Justicia a la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia que creemos que en un plazo muy breve tendría que estar remitiendo estas acciones ante la Asamblea Legislativa”, explicó en conferencia de prensa.
Lima detalló que una proposición se refiere al caso del préstamo irregular de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) que, a su juicio, generó costos millonarios al Estado, al menos 24,3 millones de dólares, de los cuales, 19,6 millones son por variación cambiaria y 4,7 por comisiones e intereses.
Lima añadió que en ese caso están implicados los exministros de Economía, José Luis Parada, Óscar Ortiz y Branko Marinkovic.
Puntualizó que la otra demanda es por la ampliación de concesión a Fundempresa, para otorgar matrículas de comercio y el control de la actividad del rubro determinación que, dijo, la expresidenta tomó de manera irregular y sin ningún estudio jurídico.
El Ministro de Justicia explicó que el tercer caso está vinculado a bolivianos residentes en Chile que denunciaron la vulneración de sus derechos humanos por el cierre de fronteras, que les impidió ingresar al país durante la emergencia sanitaria.
Finalmente, dijo que la proposición para un cuarto Juicio de Responsabilidad contra la exmandataria tiene que ver con un Decreto Supremo emitido por el Gabinete de Áñez, que censuraba la libertad de expresión de la población boliviana.
“Impedía a la población hacer observaciones, críticas, memes, expresiones artísticas que vayan a cuestionar las políticas de salud de la presidenta Áñez. Si bien esa norma fue derogada, pero estuvo vigente y durante la misma muchos bolivianos fueron arrestados y detenidos”, argumentó.
Con relación a las denominadas masacres de Senkata y Sacaba, Lima explicó que se esperará el informe que está elaborando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar la proposición acusatoria.
La expresidenta fue detenida y enviada a la cárcel con detención preventiva por cuatro meses acusada, de sedición, terrorismo y conspiración.
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Via Nómada News https://nomada.bo
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