Desarrollo Productivo denuncia presunto daño económico de Bs 76 millones en gestiones de Rojo, Ortiz y Guzmán

LA PAZ, 28 Abr (NÓMADA NEWS).- El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, denunció en las últimas horas un presunto daño económico de al menos 76 millones de bolivianos en ese despacho y las empresas productivas en las gestiones de los exministros Wilfredo Rojo, Óscar Ortiz y Adhemar Guzmán, en la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez.

En una conferencia de prensa, reveló que se detectaron varios hechos de corrupción detectados por las unidades de auditoría interna, por las unidades de transparencia y unidades jurídicas de esa cartera de Estado y de las entidades dependientes.

dependientes.

“Tengo la obligación de denunciar ante el pueblo boliviano los hechos de corrupción y malos manejos detectados hasta la fecha. Se han configurado delitos de corrupción pública como ser: contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, malversación de fondos, conducta antieconómica, incumplimiento de contratos, peculado, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, nombramientos ilegales, falsedad material, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de profesión, los mismos que habrían generado un daño económico al Estado de un importe que asciende aproximadamente a Bs 76 millones y que han sido objeto de denuncia ante el Ministerio Público”, explicó Huanca.

Precisó que en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) se descubrió que un exgerente suscribió de manera irregular y en contra de los intereses del Estado un contrato de compra para la importación de 30.000 toneladas de trigo transgénico, con una empresa norteamericana, contrato que habría ocasionado un daño económico de 20,1 millones de bolivianos.

“En el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), se detectó que el exgerente técnico de la Empresa Estratégica de Abonos y Fertilizantes (EEPAF) y otros, realizaron la compra de fertilizantes, existiendo un faltante en almacenes que ocasionó un daño de 8,8 millones de bolivianos”, complementó.

Puntualizó que en la Empresa Boliviana de Alimentos y sus Derivados (EBA) se detectaron también varios hechos de corrupción, uno de ellos, la designación “ilegal” de la exgerente de esa institución, presunta pariente de Jeanine Áñez, que no tenía título profesional ni la experiencia requerida para el cargo, con una posible afectación de 113.000 bolivianos al Estado.

Además, explicó que en la Empresa Boliviana de Almendras (EBA) se incrementaron cargos y sueldos por al menos 1,2 millones de bolivianos; en otro caso, dijo que hubo un manejo discrecional de recursos económicos de las exautoridades porque habrían autorizado la entrega de dinero en efectivo al personal contratado para la compra de castaña, sin ningún descargo, por un monto de 8,3 millones de bolivianos.

Aseguró que la empresa recibió productos de diferentes proveedores para las canastas estudiantiles municipales con una afectación 12 millones de boliviano y lamentó que la exgerente de Frutos Amazónicos de EBA Riberalta y otras autoridades autorizaron la transferencia de recursos económicos a cuentas bancarias personales con un daño de 219.000 bolivianos.

El Ministro de Desarrollo Productivo y Economía plural denunció que en la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), el exgerente habría favorecido ilegalmente la adjudicación y contratación a una empresa fraccionadora de azúcar con una afectación de al menos 1,2 millones de bolivianos, además la adjudicación y contratación “ilegal” de otra empresa para la provisión de 4.700 toneladas de urea con un presunto sobre precio de 1,1 millones de bolivianos.

“En la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), el exdirector durante el gobierno golpista, emitió resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, a través de las cuales permitió la reducción de sanciones a empresas, ocasionando daño económico al Estado de 362.000 bolivianos. En Zofra Cobija, el exdirector habría destinado recursos económicos para la contratación excesiva de personal eventual sin justificación, incrementando su planilla de personal en plena cuarentena rígida y durante todo el periodo de su gestión, con una afectación de 933 mil bolivianos”, detalló Huanca.

En otro caso, denunció que en Pro Bolivia el exdirector de esa institución contrató a la jefa de comunicación, quien habría presentado títulos en provisión nacional y certificados falsificados, para un contrato que asciende a 79.000 bolivianos.

Por otra parte, denunció que el exministro Rojo entregó combustible comprado por la entidad para uso en vehículos particulares, ajenos a la entidad, la mayoría de Santa Cruz con un daño económico de 113.000 bolivianos, además, denunció que los exministros alquilaron aeronaves para vuelos particulares (taxi aéreo) sobre todo para viajar al departamento de Santa Cruz, para transporte personal y el de sus allegados en la época de pandemia ocasionando un daño económico de al menos 92.000 bolivianos.

También reclamó que, hasta la fecha, el alcalde Luis Revilla incumplió con EMAPA en el pago por el servicio de provisión de las canastas escolares, a pesar de contar con el presupuesto asignado para el desayuno escolar en la gestión 2020, cuya deuda asciende a más de 23,6 millones de bolivianos.

“Es necesario aclarar que estos hechos denunciados, ya están en manos de las autoridades jurisdiccionales competentes, a cuyo efecto todos estos hechos deben ser investigados por el Ministerio Público en el marco de su mandato Constitucional, proveyendo los elementos de convicción y prueba suficiente en el que coadyuvaremos en nuestra calidad de víctima o querellante”, puntualizó, citado en un boletín de prensa.

Red Central-rsl

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