Caso Quiborax: Fiscalía espera decisión de la Asamblea Legislativa sobre juicio contra Carlos Mesa

SURCE, 8 Sep (NÓMADA NEWS).- El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, afirmó este miércoles que se aguarda la decisión del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sobre el Juicio de Responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax después que la Comisión Mixta de Justicia Plural de esa instancia legislativa aprobó ese proceso.

“Tenemos la información que la comisión aprobó la autorización del enjuiciamiento del señor Carlos Mesa, que fue remitido al pleno de la Asamblea Legislativa por el caso Quiborax. Estamos pendientes de que el pleno de la Asamblea Legislativa tome la decisión si autoriza o no el procesamiento a través del juicio de responsabilidades, entre tanto, nosotros no podemos manifestarnos, estamos simplemente pendientes de la decisión de la Asamblea Legislativa”, explicó, citado en un boletín de prensa.

Respecto a la amnistía que concedió el Gobierno de turno en 2018 para Carlos Mesa por el caso Quiborax y para el expresidente Jorge Tuto Quiroga por el caso Petrocontratos, el Fiscal General explicó que, “el indulto que emitió el Gobierno no es obligatorio, es un derecho que tenían ellos para poder acceder y esto implica de que no estaban de acuerdo con en esa amnistía, ya ellos han manifestado que no iban hacer uso de ese derecho. Entendemos que uno de los que accedió ya hizo uso de ese derecho, fue el expresidente Jorge Quiroga”, complementó.

La Procuraduría General del Estado denunció a Carlos Mesa por los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y Leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por el caso denominado Quiborax, cuando decretó la reversión de 11 concesiones mineras en el Salar de Uyuni – Potosí, a la empresa Non-Metallic Minerals SA (Quiborax), que derivaron en un proceso arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, que determinó que Quiborax pague los costos en los que incurrió su defensa de 462 mil dólares y Bolivia por su lado pague 1.384.801 dólares, con lo que Bolivia perdió el fallo, remarca el boletín institucional.

Red Central-rsl

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