El Supremo de Brasil abre investigación a Bolsonaro por vincular la vacuna del coronavirus con el sida

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS/NÓMADA NEWS).- El juez del Tribunal Supremo de Brasi, Alexandre de Moraes, ha ordenado abrir una investigación al presidente, Jair Bolsonaro, por unas declaraciones del pasado mes de octubre en las que aseguraba que aquellos que se vacunan contra el coronavirus tienen más posibilidad de presentar inmunodeficiencias contra el sida.

La decisión del magistrado atiende a una petición de la comisión parlamentaria que investigó los posibles delitos que habrían cometido el Gobierno de Bolsonaro durante la gestión de la pandemia, entre ellos el de difusión de noticias falsas.

El pasado 22 de octubre, durante una de sus intervenciones semanales en redes sociales, el presidente Bolsonaro desbarró al sugerir que los vacunados contra el coronavirus «están desarrollando el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida», basándose en uno supuestos informes de las autoridades de Reino Unido.

Esta asociación de ideas fue rápidamente rechazada por parte de las autoridades médicas brasileñas por «falsa y absurda». El presidente de la agencia del medicamento (Anvisa), Antonio Barra Torres, salió a aclarar que las vacunas contra el coronavirus no están relacionadas con la aparición de otras enfermedades.

Esas palabras de Bolsonaro provocaron que días después Facebook retirase el vídeo de sus plataformas al considerar que violaba sus políticas que prohíben «alegar que las vacunas contra el coronavirus matan o pueden causar daños graves».

Ese fue el segundo vídeo que la empresa le retiró a Bolsonaro, después de una grabación de marzo de 2020 en la que el presidente brasileño promocionaba el uso de la cloroquina, un fármaco contra la malaria, para tratar de manera preventiva el coronavirus, a pesar de que la ciencia ha demostrado no solo que es ineficaz, sino que también podría ser contraproducente en algunos casos.

El informe final de la comisión parlamentaria que investigó la gestión de Bolsonaro durante la crisis sanitaria propuso, además de prohibirle las redes sociales para que dejara de difundir noticias falsas, acusarle de nueve delitos, entre ellos el de lesa humanidad, prevaricación, empleo irregular de fondos públicos y charlatanería, figura que recoge el Código Penal para castigar a quienes promocionen remedios secretos contra enfermedades.

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