
SUCRE, 13 Ene (NÓMADA NEWS).- El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó este jueves que la Comisión de Fiscales que investiga el caso denominado “Gases Lacrimógenos” presentó ante la autoridad judicial la acusación formal en contra de nueve personas involucradas en el proceso de contratación directa y adquisición excepcional de gases antidisturbios o antimotines para la Policía Boliviana en la gestión 2019 que causó daños económicos al Estado.
Según el Ministerio Público, esa adquisición irregular causó un daño económico de 16 millones de bolivianos: dos de los acusados son ex funcionarios del Ministerio de Gobierno, seis del Ministerio de Defensa y uno de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC.
“En este caso, el Ministerio Público emitió la acusación formal, debidamente sustentado, basado en 37 pruebas testificales y 179 pruebas documentales secuestradas en la investigación que corresponde al proceso de contratación en los Ministerios de Gobierno y Defensa. También se tiene una pericia de auditoria forense realizada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que demuestra claramente el daño económico causado al Estado, entre otros elementos probatorios”, explicó el Fiscal General.
Lanchipa precisó que la acusación formal fue presentada en contra del ex ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que fue declarado rebelde; contra el ex ministro de Defensa, Luis Fernando López; el ex director de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, Sergio Alberto Zamora; el ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, Raúl López; el ex jefe de la Unidad de Análisis Jurídico del Ministerio de Defensa, Alan Menacho; el ex director de Logística, Pedro Rea; la ex directora General de Asuntos Administrativos, Ruth Palomeque y el ex responsable de Artículos Clase V del Ministerio de Defensa, Dennis Vera.
Además, dijo que se presentó la acusación formal en contra del representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC. Bryan Samuel Berkman, que fue también declarado rebelde.
“Los delitos atribuidos a los acusados son uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e Incumplimiento de deberes; contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, entre otros. Por todos estos delitos la Fiscalía está solicitando una sentencia condenatoria y la pena máxima para los acusados, que es de 10 años de prisión, además se debe considerar las agravantes”, remarcó el Fiscal General.
Explicó que, con la presentación de la acusación formal, la Fiscalía está a la espera del “señalamiento” del inicio del juicio de la autoridad jurisdiccional sin que la declaratoria de rebeldía de algunos de los acusados impida su normal desarrollo.
El Fiscal General del Estado dijo que, a efectos de la reparación integral del daño, el Ministerio Público ya requirió todas las medidas cautelares de carácter real sobre los bienes de los ahora acusados.
Red Central-rsl
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